Un 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, un sector de las Fuerzas Armadas, grupos económicos y mediáticos urdieron un golpe de estado que no sólo terminó con el periodo democrático iniciado en 1980 sino con un proceso más vasto de transformación democratizadora iniciado a finales de los años sesentas que acabaría con la oligarquía, contribuyendo desde entonces a la constitución de una neo-oligarquía trasnancionalizada.
Así, hace 20 años empezó a consolidarse en nuestro país la instauración de un modelo no sólo económico, sino político y cultural: el neoliberalismo. Un modelo represivo, criminal, envilecedor y corrupto que debió apelar a la dictadura política económica y cultural, a la violación de los derechos humanos, a la manipulación mediática y psicosocial, y al saqueo de nuestros bienes públicos para realizarse y perdurar.
En un contexto en el que un modelo de acumulación capitalista transitaba hacia otro, tuvo lugar una prolongada crisis que destruyó, junto a la guerra sucia alentada por el terrorismo subversivo y el terrorismo de estado, los derechos conquistados y el tejido social y organizativo construido a lo largo de décadas por los sectores populares en el Perú.
Desde entonces padecemos, a pesar de los recambios de gobierno a través de las elecciones, muchos de ellos elegidos por una sólida voluntad de cambio, un “estado de excepción” que tiene su documento fundamental en la constitución del 93, surgida del fraude, y que garantiza la reproducción del mismo modelo. Un país cada vez menos democrático con la soberanía popular restringida y sometida a los poderes fácticos, un Estado represivo y criminalizador funcional a una economía global de “acumulación por desposesión”, que pasa por encima de los pueblos que habitan el país violentando sus derechos, culturas y territorios, que nos condena a ser productores coloniales de materias primas y que perpetúa una corrupción cada vez más legalizada e institucionalizada.
Vivimos pues en un país en el que se siguen exacerbando las diferencias e injusticias sociales y culturales, se multiplican las ciudadanías de segunda categoría, se extiende la violencia asesina que acaba con la vida de quienes se resisten a la infamia para enriquecer y dar poder a unos pocos a los que poco interesa el futuro, quienes a nivel local, nacional y global destruyen la experiencia acumulada por la humanidad y a la naturaleza en medio de una evidente crisis civilizatoria.
Veinte años después la tarea de abrir un nuevo curso y construir un proyecto histórico popular, democrático, intercultural en nuestro país está pendiente. Un proyecto de democratización radical del estado y de la sociedad, un Estado plurinacional que haga realidad la convocatoria a la patria de todas las sangres en el que los pueblos y sus territorios son respetados, en el que en el campo y la ciudad construimos una sociedad basada en la autonomía, la solidaridad y el buen vivir a diferencia de la lucha fratricida brutal y depredadora a la que nos somete el actual modelo. Un proyecto que permita generar un mundo multipolar y solidario que afronte la grave crisis ecológica, la guerra y el pillaje capitalista.
Hoy más que nunca la izquierda, los movimientos sociales, los trabajadores, los indígenas, las mujeres, los y las jóvenes que logramos la derrota del fujimontesinismo estamos llamados a construir este proyecto que tiene para nosotros un norte y un medio fundamental: la construcción del poder popular, el ejercicio del poder constituyente que de cara al bicentenario de la República nos permita, en las calles, en los espacios institucionales, en diversas experiencias de transformación concreta de las relaciones sociales en múltiples ámbitos, lograr una democracia sustantiva, una sociedad justa y con reconocimiento de su diversidad logrando así una patria para todas y todos, un Perú Nuevo dentro de un mundo nuevo.
