Son varios ya los años que tenemos padeciendo el deterioro de la
universidad y la educación superior en general. Las causas de este deterioro
son de diversa índole: la pérdida de su relevancia en el quehacer nacional como
productora de conocimiento o dotadora de cuadros profesionales; su falta de
pertinencia para relacionarse con la realidad y los problemas sociales; su
mediocridad académica; sus limitaciones institucionales habiéndose configurado
un sistema político perverso que reproduce la corrupción y el clientelismo; su
conversión en un vil negocio tanto en las universidades con fines de lucro en
la mayoría de los casos son una estafa, con posgrados incluidos, como en las
universidades públicas que en nombre de la proyección social o brindar
servicios son negocios privados.
El marco institucional de este deterioro han sido la vieja ley
universitaria que ya no responde a los
desafíos actuales de la educación superior, y el régimen que propició el
fujimorismo con la multiplicación de las universidades con fines de lucro de
manera descontrolada y bajo la forma más salvaje de “libre mercado”. Se han
producido algunas iniciativas de cambio, sin embargo, estas siempre han sido de
poca profundidad, abordando aspectos bastante parciales de la problemática,
mientras que los actores universitarios han estado fundamentalmente a la
defensiva, unos para defender el estatus quo de la decadencia, otros por simple
“defensismo”, sin la capacidad de articular propuestas que permitan el impulso
de una reforma más amplia, en nombre de la “autonomía”, “la gratuidad” y el
rechazo de la privatización aunque en los hechos esta se ha ido produciendo. En
ese sentido, estos últimos actúan reactivamente cada vez que hay alguna
iniciativa de cambio, sea de cualquier signo.
Sin ánimos de caer en discursos “corporativos” que tratan de levantar
los intereses de algún estamento universitario, la energía demostrada en las
últimas movilizaciones contra la discusión de una nueva ley, pero también su
rechazo al actual orden de cosas,
debería convertir a los estudiantes en protagonistas de un profundo
cambio en la educación superior. Ellos deberían ser los más interesados en
mejorar la calidad de su educación.
Sin embargo, para ello, será necesario emprender una profunda
discusión que ponga realmente los puntos sobre las íes. Lamentablemente las
organizaciones estudiantiles, o gremiales no han estado a la altura de esto. Es
necesario, por ello, que al calor de la lucha, las diversas organizaciones
desarrollen desde la discusión de una agenda de reforma de la universidad y se
constituyan los sujetos de cambio. Más allá de las intenciones buenas o malas
de la actual propuesta de ley en discusión, su mayor problema es haber sido
incapaz de promover un verdadero debate al respecto, una movilización en torno
a ello, además de hacerlo desde un espacio, como es el Congreso, que la mayoría
de la ciudadanía siente como ajeno. No basta quedarnos pues con una lógica
defensiva. ¿Se podrá esta vez cambiar la situación crítica en que están las
universidades y la educación superior en general?
Algunos puntos de agenda para reformar la universidad peruana
1. ¿Las universidades son
sólo de los universitarios? Autonomía si, autismo no.
Las universidades peruanas no sólo son de los universitarios, menos de
los negociantes que se enriquecen con ellas incluidos muchos de los rectores de
la Asamblea Nacional de Rectores que en sus diversos regímenes, sean públicas o
privadas, son parte del actual desastre universitario. La autonomía tiene dos
propósitos: darse sus propios fines y ser capaces de autogobernarse. Sin
embargo, estos propósitos no se desarrollan ni deben desarrollarse al margen de
lo que ocurre en la sociedad y en el país. La relación con los actores
estatales y de la sociedad civil, en sus diversos niveles, es fundamental y la
universidad debe rendirles cuentas tanto en lo económico como en lo que atañe a
su labor. Se debe pues convocar el compromiso de esos actores sociales, y de la
sociedad civil regional y nacional, como se debe exigir el compromiso del
Estado con el financiamiento, la fiscalización y el control de calidad de las
actividades universitarias. El peso mayoritario en cualquier órgano de
orientación, planificación y control de las políticas públicas en torno a la
universidad y la educación superior debe estar en los actores universitarios,
pero no sólo en ellos. Los movimientos sociales, las organizaciones gremiales,
los gobiernos sub-nacionales, los actores económicos, los colegios
profesionales junto a las autoridades educativas también deben participar.
2. Rescatar las
universidades públicas, acabar con las universidades con fines de lucro.
Se debe detener la privatización pasiva y activa de la universidad. La
privatización pasiva que se viene produciendo a través de las “pre”, de los
servicios como los cursos con auspicio de la universidad para lograr
certificaciones de diverso tipo, son parte de los negocios privados de
autoridades y miembros de las universidades. Las universidades con fines de
lucro, en su gran mayoría, han contribuido al total deterioro de la calidad
universitaria. La universidad privada debe existir, más debe eliminarse la
universidad que tiene por objeto el lucro. Por otra parte, es necesario que el
Estado invierta para la investigación en las universidades orientado fines para
ello, así como a mejorar sus diversos servicios.
3. Reformar el sistema
político de la universidad.
Las elecciones libres y universales para la elección de autoridades y
representantes de los diversos estamentos, es urgente y necesaria. Los rectores
de las universidades dicen que estas elecciones politizarían aún más a las
universidades. Esto no hace sino demostrar que le temen a la democracia para
gobernar la universidad y que están más interesados en salvaguardar sus propios
intereses. El voto universal permitirá romper con la lógica perversa que genera
la elección indirecta que permite la compra y venta de votos y favorecer a las
clientelas.
4. Generar nuevas prácticas
de lo universitario. Construir poder popular desde la universidad para la
transformación social.
Los problemas de fondo no sólo los resolverá una ley. Se requiere de
una gran discusión constituyente de lo universitario que permita elaborar de
manera colectiva un diagnóstico de la universidad y las estrategias a
desarrollar para afrontar sus problemas y desafíos. Pero, incluso más allá de
esto, no habrá cambios de fondo si es que no empezamos a trascender lo
universitario como un simple espacio de formación en el que se presta un
servicio, en el que los estudiantes son clientes que van a ejercer un derecho
solamente individual. Requerimos de una universidad al servicio de la
transformación social, que a través del desarrollo de nuevas epistemologías en
perspectivas más interculturales, de metodologías de
reflexión-investigación-acción-participativa, ya través de la organización, acompañe procesos
de construcción de alternativas sociales en los diversos ámbitos y campos. La
universidad debe ser un epicentro de experimentación, un laboratorio en el que
los saberes académicos sean capaces de dialogar con los saberes populares y
abordar los problemas concretos de comunidades, emprendimientos, movimientos
sociales, territorios, etc. a través de talleres, cátedras libres,
investigaciones colectivas. Esto permitirá generar una nueva correlación de
fuerzas que le darán un sentido emancipatorio a las prácticas universitarias y
sostener las reformas institucionales que se precisan.
