El pueblo de Islay ha logrado derrotar políticamente a este gobierno, es un triunfo histórico que ha costado la vida de tres personas y de tantos heridos como encarcelados. Esta manera de responder con brutal represión se repite sistemáticamente cada vez que la población pide una autentica democracia y se resiste a ser considerado insignificante. La criminalización de la protesta social nos indica que seguimos ante un gobierno ilegítimo, que obliga por la fuerza pública a cumplir leyes que representan la tiranización de la ciudadanía. Pero también seguimos con las luchas populares, que son una respuesta de necesaria insumisión y aleccionadora desobediencia.
Con el término de desobediencia civil no me refiero ni a la insurrección ni a la sedición. En el primer caso, quienes lo ejercen mantienen su fidelidad a las leyes y a la Constitución; en el segundo caso se pretende subvertir no sólo el gobierno, sino también la Constitución, al no reconocerlos como justos. La desobediencia civil, en cambio, trasgrede la ley vigente porque busca su derogatoria. Esto es posible porque en nuestras precarias democracias se pueden legislar leyes ilegítimas que no responden a los principios constitucionales por los cuales los ciudadanos son considerados libres e iguales. Las leyes ilegítimas terminan marginando a una parte de la población, que no puede sino protestar para que dicha injusticia pueda ser reconocida públicamente. De este modo se nos advierte que el pacto social se ha roto porque no estamos ante un Estado de derecho que garantice el bienestar de todas y todos y nos permita una sociedad verdaderamente democrática e incluyente. Allí tenemos las cientos de protestas contra el capitalismo más perverso, las políticas neoliberales que aceleran el avance del extractivismo minero y petrolero, que invaden los territorios de poblaciones enteras, desconociendo la consulta a los pueblos como un derecho y un deber nacional.
Son cientos de protestas con el costo de muertes que no pueden quedar impunes. Esta vez resistió el pueblo de Islay y venció una primera batalla, ahora el gobierno sabe que este pueblo está dispuesto a todo para hacer respetar su derecho a decidir por un desarrollo sin minería, su derecho por el Buen Vivir, como una verdadera opción de poder popular.
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